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La protección de las fuentes, a veces también conocida como la confidencialidad de las fuentes o en Estados Unidos como el privilegio del reportero, es un derecho concedido a los periodistas por las leyes de muchos países, así como por el derecho internacional. Prohíbe a las autoridades, incluidos los tribunales, obligar a un periodista a revelar la identidad de una fuente anónima para una historia. El derecho se basa en el reconocimiento de que sin una fuerte garantía de anonimato, muchos se verían disuadidos de presentarse y compartir información de interés público con los periodistas. Como resultado, problemas como la corrupción o la delincuencia pueden pasar desapercibidos e indiscutibles, en detrimento de la sociedad en su conjunto. A pesar de tales protecciones legales, el uso generalizado de comunicaciones electrónicas rastreables por parte de los periodistas y sus fuentes proporciona a los gobiernos una herramienta para determinar el origen de la información.
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